Category: Opinión
El BCV acaba de publicar una nota de prensa con una “actualización” de los datos correspondientes al PIB por actividades. La nota asegura que “suman trece trimestres de crecimiento en la actividad económica”.
No obstante, algunos detalles técnicos de forma y fondo no fueron debidamente atendidos en esta presentación:
- Se publica una nota de prensa, pero no se ha actualizado la base de datos en la hoja de Excel[1].
- La nota de prensa, muestra un cuadro con las cifras en tasa de variación, pero se omite su presentación en nivel, lo cual impide hacer una mínima validación interna para verificar la consistencia de la data.
- Las cifras dicen estar a precio de 2007, cuando el periodo base del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es 1997, según se aprecia en las hojas de Excel en la página del BCV.
- ¿Cuándo ocurrió ese cambio de periodo base? El Programa de Actualización de las Estimaciones Macroeconómicas II (PRACEM II), el cual se suponía que regiría el SCN durante el periodo 2008-2010, nunca se publicó. Se sabe informalmente que no se completó por falta de fondos. ¿Si efectivamente es así, como justificar esa “nueva” base?
- ¿Como hacen para poder empalmar esta serie en base 2007 y la serie que normalmente publican en base 1997? Si suponemos que hubo un cambio de metodología que justifica esta nueva base (2007), el empalme solo es posible si se dispone de al menos un año común en ambas bases. ¿Cuál es ese año?
- La estructura de la economía ha cambiado sustancialmente desde 2007 y ni hablar son respecto a 1997. Un documento de trabajo del propio BCV por Leone, Hernández y Da Silva (2019)[2] así lo deja claro. Para darle credibilidad a la medición de la actividad económica y adecuar las metodologías de cálculo a la nueva realidad estadística y económica, urge una actualización del SCN, un nuevo PRACEM III e incluso actualizar las ponderaciones del INPC mediante una nueva Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENPF).
- Mención aparte recibe el curioso comportamiento de las ponderaciones del PIB por actividades. Como no se publicaron las cifras en nivel, hay que inferirlas mediante métodos matemáticos (programación lineal). Un ejemplo: La actividad petrolera, para el primer trimestre de 2024 esta ponderada a 27.9% y la no petrolera a 72,1%, solo así es posible obtener una tasa de variación real del PIB consolidado de 8,40%. El problema reside, en que esa incidencia o peso, prácticamente duplica a la que tenía la actividad petrolera en la última cifra real a precios de 1997 y en nivel publicada, que corresponde al primer trimestre de 2019 (13,3%). No se entiende tampoco que fenómeno ha causado una reducción tan notable de la actividad no petrolera.
- Finalmente, pero no menos importante: ¿dónde están los periodos 2019 y 2020? Es imposible usar una serie de referencia tan importante si existen 7 trimestres faltantes (el primer trimestre de 2019 si esta publicado).La nota de prensa parece darnos una pista de las causas de su no publicación cuando afirma:
“Como expresión material de las heridas que estas medidas criminales en contra de Venezuela han dejado en la economía nacional, se observan antes del segundo trimestre de 2021 y en particular entre 2019 y 2020, fuertes caídas en la actividad económica. En ese bienio hubo muchas trabas en los procesos operativos y en el accionar de las políticas económicas, como resultado de la profundización de las medidas coercitivas desde 2019.”
Independientemente de si las cifras representan fuertes caídas o, en lenguaje menos técnico: son muy feas, es deber del BCV publicarlas.
[1] Ver: https://www.bcv.org.ve/estadisticas/producto-interno-bruto
[2] Ver: https://www.bcv.org.ve/system/files/publicaciones/dt_175web.pdf
Por José Guerra
El 2 de mayo, el gobierno introdujo un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional con el objeto de proteger los ingresos derivados de las pensiones del impacto de las medidas punitivas y coercitivas que ha adoptado el imperialismo contra Venezuela, según el artículo primero der esa ley. Sin embargo, el poder adquisitivo de las pensiones se comenzó a derrumbar en 2013 cuando la inflación se aceleró significativamente, transformándose en hiperinflación en noviembre de 2017, mucho antes de las sanciones de 2019.
El artículo sexto establece que la contribución o el impuesto en realidad que se deriva de la ley será aplicable a las empresas del sector privado, independientemente de su tamaño, con una tasa de 15% sobre el monto devengado por cada trabajador en forma de salarios y bonos. El impuesto será recaudado por el Seniat y será deducible del impuesto sobre la renta según el artículo décimo.
Llama la atención que al ser una ley originada en las medidas coercitivas del imperialismo, no se dice que al cesar tales medidas se derogaría la ley, lo cual sugeriría que esa l va a adquirir carácter permanente.
Claramente, se trata de un nuevo impuesto a la nómina y como todo impuesto se traslada a los precios, de una firma u otra, tarde o temprano. La microeconomía enseña que todo impuesto genera una distorsión y una que pudiese ser más visible es que puede inhibir la creación de empleos formales, ante una tasa tan elevada de 15% a la cual hay que sumar el tope de 11% como aporte patronal al Seguro Social. Obviamente, ello va a incidir principalmente en las pocas empresas grandes que quedan en Venezuela. No es claro que se pueda aumentar la recaudación con una tasa tan elevada si la base del impuesto se contrae, en un contexto donde la remuneración a los trabajadores es muy baja.
Aunque será el Seniat quien recaudará el impuesto, no se clarifica en la ley a cargo de quién estará su administración, punto éste muy importante debido a las grandes falencias del sector público. Igualmente, no se especifica si el monto recaudado será asignado linealmente a cada trabajador asegurado. Otro asunto que la ley no detalla es el caso de las empresas mixtas petroleras, donde PDVSA es socio mayoritario. Técnicamente, se trataría de una empresa pública y por tanto estaría exenta del pago, a menos que alguna otra disposición así lo establezca en el sentido que el socio minoritario pagaría una cuota parte, lo cual sin dudas sería discriminatorio.
En cualquier caso, este nuevo impuesto viene a sumarse a otros y a contribuciones para fiscales, aportes por diferentes leyes, impuestos municipales para hacer que Venezuela tenga un sistema tributario disperso e ineficiente que ahuyenta la inversión. Contar con más impuestos y contribuciones no implica recaudar más.
- ¿Cuáles son las principales medidas que usted aplicaría en materia de política petrolera para aumentar la producción? ¿Se debe privatizar PDVSA?
Freddy Superlano:
Reformar el marco jurídico actual, siendo imprescindible modificar la Ley Orgánica De Hidrocarburos para permitir una mayor participación del sector privado en la industria petrolera. Las restricciones actuales que limitan la intervención privada a través de empresas mixtas con el Estado como socio mayoritario dificultan la atracción de inversiones.
Al facilitar inversiones más flexibles y brindar seguridad jurídica, se atraerá el capital necesario para la modernización de la infraestructura petrolera. Simultáneamente, se debe diversificar la economía, incentivando al sector privado a producir y exportar otros bienes relacionados con el petróleo, creando así un ecosistema económico robusto.
Igualmente, diversificar la matriz energética es crucial. Buscamos fomentar legislación que promueva energías renovables y facilite la intervención privada en estos. Vemos como el hidrógeno bajo en carbono, por ejemplo, producido con excedente energético, puede abrir nuevos mercados para el país.
En relación con PDVSA, la privatización no es ni requerida ni viable. En su lugar, proponemos impulsar una mayor participación privada en áreas clave. Nuestra visión es adoptar un enfoque mixto que combine la participación estatal con la intervención privada. Finalmente, la transparencia es fundamental para asegurar una distribución de beneficios justa y estratégicamente orientada.Henrique Capriles:
1. Tiene que existir seguridad jurídica , reglas claras y transparentes , estables y confiables.
2. Es necesario un cambio en el marco Juridico que permita una participación mayor del capital privado y con una relación ganar ganar entre el Estado y el privado. Venezuela necesita captar inversión privada ( se estima en unos 100.000 Millones de $ en 8 años para incrementar la producción en unos 2.000.000 Millones de barriles diarios) para ello tiene que competir con otros países , y por tanto debe adecuarse a un marco regulatorio que resulte atractivo y competitivo.
3. Es necesario reorganizar en tamaño a PDVSA a una empresa más eficiente con una cantidad de bloques que realmente pueda explotar y producir de manera eficiente.
4. Promover muchas empresas privadas con bloques asignados y que junto a PDVSA la empresa del Estado pueda producir y generar los recursos que necesita el país para promover su desarrollo.
5. Promover una mayor transparencia en la ejecución de la explotación de los campos para ello es necesario promover una Agencia Nacional de Hidrocarburos que licite y asigne los distintos campos mediante una sana y transparente competencia.
6. Desarrollar políticas públicas para sanear las deudas de Pdvsa y la República.
7. PDVSA no se debe privatizar sino reorganizar y hacerse eficiente y rentable
Por José Guerra
Actualmente en Venezuela no hay diésel porque el chavismo acabó con las refinerías. Así de simple. De una capacidad para procesar 1.300.000 barriles diarios de petróleo para generar gasolina, diésel, grasas, lubricantes y otros productos en sus cuatro grandes refinerías, hoy apenas se producen unos 70.000 barriles diarios, totalmente insuficientes para cubrir la demanda. De esos 70.000 barriles diarios, unos 35.000 barriles corresponden a diésel que, frente a un consumo interno mermado por la paralización de la economía estimado en febrero en 50.000 barriles, implica que hay que importar unos 15.000 barriles por día. Esas importaciones se estuvieron haciendo mediante un intercambio leonino para los intereses de Venezuela con Repsol, ENI y Reliance a razón de un barril de diésel por tres barriles de petróleo crudo.
A partir de noviembre ese intercambio fue suspendido debido a que la Administración de Donald Trump lo impidió mediante sanciones, argumentado que parte de ese diésel, terminaba en manos del gobierno de Cuba. Como consecuencia de toda esa situación, los inventarios de diésel comenzaron a disminuir y se empezó a observar racionamiento de ese combustible, lo que ha afectado al transporte que representa el 57% del consumo total y al sector eléctrico con un consumo de 28% de total. El nivel de inventarios está en el mínimo, pudiendo alcanzar a menos de 30.000 barriles diarios. La situación es realmente crítica, al punto que los gremios del transporte han realizado protestas exigiendo diésel para poder trabajar y los productores agrícolas y pecuarios han alertado acerca de la pérdida de las cosechas y los rebaños. Una parte del sector privado ha manifestado su intención de importar el combustible desde Colombia porque de otra manera se verían precisados a detener la producción de alientos, ante la dificultad de poder distribuirlos.
Al no poderse realizar el intercambio de crudos por diésel, ello ha significado que PDVSA haya ganado saldos de barriles que puede exportar y obtener caja en dólares. Es decir, que la sanción lejos de perjudicar a Maduro, lo ha beneficiado a costa del sufrimiento de los venezolanos. Hay situaciones en las cuales el cálculo político de corto plazo es mal consejero y por esa razón hay que buscar una solución a este gravísimo problema. La solución de fondo consiste en poner a funcionar adecuadamente el parque refinador de Venezuela, pero ello no es posible a corto plazo y en consecuencia lo procedente es hacer algo similar a los que se acaba de ejecutar con el acuerdo para financiar la adquisición de vacunas contra la Covid19. Eso es lo responsable. En lo inmediato lo aconsejable es permitir el intercambio de crudo por diésel en mejores condiciones para Venezuela y que no se transfiera a Cuba barriles de ese combustible y además que sea un organismo internacional con credibilidad quien supervise la distribución del producto para evitar desvíos y el mercado negro.
Por José Guerra
El viernes 5 de marzo en la noche, como para que no se notara, el BCV anunció que pondría en circulación tres nuevos billetes, cuyo valor nominal sumados los tres no alcanza para comprar un dólar. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, el billete de Bs 1.000.000, al agregarle los ocho ceros de las dos reconversiones monetarias, el millón de bolívares se transforma en Bs 100.000.000.000.000, es decir cien billones de bolívares. Antes que nada vale la pena clarificar que esta mayor denominación de los billetes no causará más devaluación ni más inflación. Simplemente ello refleja más bien la devaluación y la hiperinflación a las cuales ha estado expuesto el bolívar. Es realmente inexplicable que se hayan emitido billetes de tan baja denominación, lo que pudiese indicar que los mismos estaban impresos hace al menos un año y no los habían querido poner en circulación. Lo cierto es que dos de esos billetes costaron más que el valor que ellos representan, con lo cual el BCV perdió dinero imprimiendo esas piezas monetarias.
Con las tasas de inflación de enero y febrero de 2021, superiores a 50% mensual, al cabo de tres meses, de persistir esos niveles de alzas de precios, el valor de esos billetes se habrá pulverizado irremediablemente. Esto sugiere que puede ser muy probable que se tenga que hacer otra reconversión monetaria para simplificar y sincerar el cono monetario y así hacerlo más funcional. Sin embargo, la solución de fondo no es esa, sino más bien aplicar un amplio programa de reformas económicas que detenga en seco la hiperinflación, ponga a crecer la economía, acompañado de un agresivo programa social de ayuda a los sectores pobres, actualmente arruinados por la hiperinflación.
Por parte del régimen de Maduro es muy difícil esperar una acción económica integral para reordenar la economía. Lo que han hecho mediante el aumento del encaje a 100% y permitir una dolarización caótica de la economía, lejos de aliviar y mejorar la situación, la ha complicado. Venezuela quiere y merece otra cosa. Hay un consenso entre los economistas que han estudiado la economía venezolana según la cual el financiamiento en divisas es fundamental para diseñar y aplicar un programa económico creíble y coherente. El financiamiento externo permitiría dotar a la economía de liquidez internacional y evitar que el BCV continúe cubriendo el déficit fiscal y destruyendo la economía.
